Murcia, 14 jul (EFE).- Lorenzo Peñas, abogado defensor de Miguel E., al que se ha juzgado hoy en la Audiencia Provincial de Murcia acusado de abusar y corromper a cinco menores de entre 9 y 12 años, dijo hoy que "no hay ninguna prueba que demuestre los hechos", y que "este caso es una pura contradicción".
Peñas ha insistido en su informe en la inocencia del acusado y, en las contradicciones en las que han incurrido los menores durante la instrucción de la causa y en la primera sesión del juicio, celebrada ayer.
El letrado señaló que en el reconocimiento de los lugares donde presuntamente se cometieron los abusos, como una playa de Águilas (Murcia) a la que el acusado llevaba a los menores en su proceso de formación en la lucha grecorromana o una caseta de campo propiedad de su familia, no se encontraron restos de semen.
Tampoco se hallaron restos seminales en las prendas personales de los niños encontradas en la furgoneta del acusado en la que se hacían estos desplazamientos.
Asimismo, añadió que en las exploraciones físicas de los menores realizadas dos días después de la detención del acusado tampoco se encontraron huellas de lesiones ni en pene ni en ano, lo que, a juicio del abogado, debían haber aparecido caso de haber sufrido penetraciones o intento de penetración anal.
El defensor de Miguel E. señaló al referirse al fiscal y a la acusación particular, que atribuyen también a su cliente el delito de corrupción de menores, que "técnicamente este último no es posible porque se encuentra subsumido en el delito de abusos".
El fiscal ha solicitado más de 42 años de prisión por cuatro delitos de abusos deshonestos y cinco delitos de corrupción de menores, además de indemnizaciones para los chicos de 10.000 o 15.000 euros, según los casos.
El representante del Ministerio Público ha reconocido en su informe que las únicas pruebas con las que cuenta son las declaraciones de las víctimas, pero, ha agregado que, con independencia de algunas inexactitudes o imprecisiones, "lo que dicen resulta creíble".
Por su parte, la acusación particular ha insistido en los perjuicios morales sufridos por los cinco niños y en la huella psicológica que los hechos juzgados ha dejado en ellos, "que le acompañará toda su vida".
Al hacer uso a su derecho a la última palabra, el procesado, que se encuentra en prisión provisional desde hace más de dos años, dijo que "sólo pido que se haga Justicia, porque soy inocente". EFE